Las cadenas del hábito son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta que son demasiado fuertes para que podamos romperlas.
Samuel Johnson (1709-1784) Escritor inglés.
Durante más de 50 años Colombia ha vivido en situación de violencia y conflicto armado, en este periodo de tiempo el ejercicio de la autoridad, la oferta institucional y el efectivo cumplimiento de los fines del Estado, consagrados en el artículo segundo de la Constitución Política de 1991 no se ha dado en la totalidad de nuestro territorio, en especial en las áreas rurales. Las ciudades por el contrario han contado con mayor presencia institucional, considerada esta, no solo como la presencia de los organismos de seguridad, sino como la presencia activa de las instituciones a las que les corresponde velar por el cumplimiento de deberes, la garantía de los derechos de la población Colombiana y la generación de una mejor calidad de vida. Cada día crece el desafío de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”1 .
El conflicto armado ha estado a la orden del día y ha ocupado el primer lugar de las agendas política, mediática y académica en cuanto a temas de seguridad y violencia se refiere. La violencia de origen político, terrorista, y la derivada de cada una de las actividades del narcotráfico han desviado nuestra atención sobre tres azotes que lamentablemente hemos asumido como parte de nuestra cotidianidad y desangran nuestra sociedad de manera rutinaria: La Falta de Convivencia, la Delincuencia Común y el Incumplimiento de Normas a nivel Urbano.
Lamentablemente nos hemos acostumbrado a esta situación y damos por cierto que las condiciones de inseguridad y los lugares en los cuales se consolidan son así y nos debemos mover sobre esa lógica porque nada de eso puede cambiar, reina el absurdo y parece ser que la ciudadanía y las instituciones hemos asumido que en Bogotá hay sectores que son peligrosos a causa de su peligrosidad y punto.
El Bronx, la Y, la Carrera 10, la Avenida Caracas, San Bernardo, San Victorino, El Codito, Las Cruces y Ciudad Bolívar, entre otras, son zonas inseguras y las asumimos así, nos acomodamos a esa realidad en lugar de transformarla, nos limitamos y no vivimos la ciudad a plenitud porque legitimamos el paradigma de que hay zonas vedadas para la ciudadanía porque allí ejercen control grupos delincuenciales, barras bravas, pandillas, tribus urbanas, estructuras del Micro tráfico o cualquiera de los demás grupos que parecieran ejercer jurisdicción sobre estas áreas de la ciudad.
El abandono, la corrupción, la falta del correcto ejercicio de la función pública, la indiferencia ciudadana y la desidia de los organismos de seguridad encuentran su máxima expresión en el Bronx. No deberíamos ver como algo normal que en desarrollo de un operativo en pleno centro de la ciudad tengan que participar “más de 300 efectivos de la Policía en busca de armas y estupefacientes”2 , esto da cuenta de la magnitud del problema y la fuerte consolidación de condiciones de inseguridad en este sector de nuestra querida Bogotá, el cual se ha convertido en algo así como la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, situación que se agrava si tenemos en cuenta que muy cerca a este sector se encuentran ubicadas dos unidades de la Fuerza Pública: Una del ejercito y una de la Policía.
La posibilidad de transformar esta situación está en manos de la triada: Sector Público, Privado y Ciudadanía. Esta transformación no será posible si no involucramos dentro del análisis algunos elementos propios del Hábitat, la Convivencia, la Seguridad, la Educación y por supuesto un correcto ejercicio de la Función Pública. El cumplimiento de las normas no debe ser discrecional para ninguno de los actores de la sociedad, y mucho menos debe ser selectiva la aplicación por parte del Gobierno Distrital, porque de serlo, esto constituiría una nueva modalidad de segregación desde el ejercicio de la función pública, lo que ha permitido la consolidación de estos sectores como guetos en los cuales el Estado no ejerce soberanía, se violan las leyes y por si fuera poco son asumidos por las autoridades y por la ciudadanía como componentes propios y naturales de las dinámicas de nuestra ciudad.
La respuesta a esta situación debe ser multisectorial, debe convocar a todas las instituciones a nivel Distrital y Nacional para poder avanzar en la consolidación de una ciudad en la cual el ejercicio de la soberanía sea universal, donde no existan territorios vedados para la ciudadanía y la delincuencia no logre consolidar centros de operaciones en los cuales actué con comodidad, ya que esta comodidad se convierte en malestar para la sociedad, la cual no puede encontrar tolerable la muerte, las heridas causadas por los delincuentes, ni la pérdida de sus bienes, a causa de unas condiciones que TENEMOS QUE CAMBIAR.
En materia de seguridad, es necesario instrumentalizar algunos elementos que estructuran una ciudad segura, sobre los cuales se debe construir una agenda que propenda por espacios y entornos urbanos en los cuales hombres y mujeres, niños y niñas se puedan desarrollar de manera tranquila, a plenitud, sin el temor de que un delincuente le ponga final a un proyecto de vida con un cuchillo, un arma de fuego o limite el desarrollo de la ciudadanía por el miedo de vivir, disfrutar y aprovechar algunos sectores la ciudad.
