Escrito por: Germán Fandiño Sierra
Es evidente el impacto negativo a nivel nacional, de la determinación de Donald Trump, de congelar todos los proyectos de asistencia para el desarrollo de La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional USAID, al considerar que varios de los proyectos que venía desarrollando esta agencia, bajo la anterior administración no responden a los objetivos estratégicos de la política internacional norteamericana propuestos en su plan de gobierno, ya que muchos proyectos están orientados hacia la promoción de una agenda global de lo que se ha denominado progresismo, como una ópera con temáticas transgénero en Colombia, y el financiamiento de programas en beneficio de comunidades indígenas, entre otros proyectos cuyo beneficio en materia de desarrollo no esta claro.
Como consecuencia del bloqueo de recursos por parte de Donald Trump a la USAID, los distintos operadores procedieron a cancelar todos los proyectos y programas en desarrollo en Colombia, dejando sin trabajo a miles de personas especializadas en el trabajo con las comunidades, y dejando a la deriva varios proyectos con comunidades interesadas en el desarrollo de proyectos productivos, algo muy valioso para el desarrollo territorial y del proyecto de vida de miles de familias que no han encontrado apoyo técnico y financiero en las administraciones de orden municipal, departamental o nacional, y mucho menos en el sector privado colombiano, cuya responsabilidad social, difícilmente va más allá del slogan, y que han encontrado en estos espacios de cooperación internacional la oportunidad de desarrollar y fortalecer capacidades para sus distintos proyectos productivos.
Lo mismo podemos ver con el cese de operaciones de varios helicópteros estadounidenses prestados en comodato a la Policía Nacional de Colombia, algo bastante lamentable, si se tiene cuenta que la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, son temas de carácter estratégico que ninguna nación debe delegar o sobre el cual, pueda permitirse depender de un agente externo, ya que el cumplimiento del fin constitucional de brindar seguridad y consolidar la paz no puede depender de decisiones ajenas al gobierno que representa la nación. Adicionalmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó que no contaba con los recursos para su funcionamiento y para garantizar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC EP, otro elemento de carácter estratégico para el desarrollo de nuestra nación, que se venían financiando con los recursos estadounidenses.
Esto ocurre porque como país, el manejo de las relaciones internacionales ha estado más cerca del clientelismo, el amiguismo y los acuerdos políticos, que piensan de manera individual y en el corto plazo, más que del profesionalismo en materia de relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, sociales, culturales, etc. Adicionalmente, nos hemos dedicado a orientar la política internacional y los esfuerzos en materia de relaciones internacionales en la consolidación de alianzas “estratégicas” que en lugar de fortalecer la acción del Estado, por su mal diseño, muchas veces restan autonomía y operatividad al Estado colombiano, por la errónea idea de delegar a la cooperación internacional tareas de responsabilidad propia.
Este ha sido un problema de Estado, es decir un problema que pasa de gobierno en gobierno, como una tradición política en el manejo de los asuntos públicos, así, nos hemos acostumbrado a esperar que anualmente los Estados Unidos nos certifique para que nos puedan garantizar algunos recursos en materia de ayuda y asistencia externa para temas de seguridad nacional, en lugar de dejar esos recursos para tareas orientadas al desarrollo de las comunidades en los diferentes territorios mientras que el Estado asume el desarrollo del fortalecimiento institucional como una tarea propia.
El impacto de este cierre de actividades de la USAID, genera una gran afectación en miles de profesionales de las áreas sociales, politólogos, internacionalistas economistas, personas formadas en el área agropecuaria y en el área comercial, entre otras carreras, quienes venían trabajando en el desarrollo de estos proyectos y ahora han tenido que ver sus contratos cancelados como resultado de un pésimo manejo de la relaciones internacionales por parte del gobierno de Colombia y de la decisión respetable y autónoma de un país como los Estados Unidos, que tiene toda la razón en decidir de qué manera invierten los recursos que obtienen como resultado del pago de los impuestos de sus ciudadanos.
Por otra parte, esta decisión de Donald Trump, si bien es totalmente legítima, es muy torpe porque se deja llevar por una animadversión ideológica contra ideas y grupos de interés contrarios a su manera de ver el mundo, y algunas corrientes de pensamiento contemporáneas, por lo cual deja de lado la posibilidad de reorientar el esfuerzo institucional y la capacidad institucional de la USAID hacia el desarrollo de proyectos que estén alineados con sus objetivos, como la resignificación de la familia, los valores cristianos, la aplicación de justicia retributiva, la condena a las conductas criminales, la el fortalecimiento y la defensa de la heterosexualidad, la protección de los menores de edad frente a los intereses sexuales de grupos de adultos bien organizados, entre otros temas, es decir en lugar de orientar toda la capacidad de una agencia tan importante para el desarrollo de sus objetivos estratégicos en materia de política internacional, simplemente acaba con una institución que podría servir a la expansión de las ideas del desarrollo en el mundo, beneficiando a miles de personas de manera directa y a millones de manera indirecta, es decir el gobierno norteamericano ha dejado de lado la posibilidad de orientar este importante instrumento al logro de sus objetivos para destruir los avances del progresismo y la izquierda internacional y ha decidido simplemente acabar con una agencia que podría servir de gran manera a la política internacional norteamericana.
De otra parte, con las represalias contra el gobierno colombiano mediante las cuales se cerró la sección de visas de la embajada estadounidense en Bogotá, debemos reflexionar sobre el impacto que tiene el cierre y la reducción de posibilidades para obtener visas que le permitan a la población colombiana ir tras el sueño americano, ya que el sueño colombiano o una idea propia de desarrollo del proyecto de vida, a partir del esfuerzo, el estudio, las capacidades, o las habilidades de cada persona, se ha convertido en una quimera, en un estado caracterizado por la corrupción,, la mediocridad, el amiguismo para acceder al empleo público y obtener contratos, la falta de oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos, el alto costo de los impuestos que ahogan a cualquier emprendedor que quiera sacar adelante sus iniciativas de carácter comercial industrial o creativo, entre otras características que hacen imposible que los cerca de 50 millones de colombianos encontremos oportunidades en nuestro territorio.
A esto se suma el impacto del accionar de los diferentes grupos delictivos en todo el territorio nacional, lo que no permite ni siquiera garantizar el derecho constitucional a la libre circulación, y mucho menos permite acceder a los distintos lugares del territorio nacional a promover el desarrollo agrícola, turístico, comercial, entre otros, sin tener que pagar vacunas, ser secuestrado, o caer en otras acciones propias del control territorial propias de los grupos armados. Muchas personas sueñan con tener una nacionalidad norteamericana porque ser colombiano no garantiza necesariamente nada bueno y por el contrario en muchos espacios la única manera de lograr los objetivos económicos que se proponen las personas y las familias, sólo se encuentra en la migración.
Hemos dejado de construir una ciudadanía orientada al desarrollo, y una sociedad próspera que encuentre la esperanza en su tierra y que pueda saber que sus habilidades, su valor, su ingenio, su perseverancia, su consistencia y su capacidad de trabajo, le garantice la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. En lugar de construir una ciudadanía orgullosa y responsable del devenir de su territorio, ahora tenemos miles o millones de ciudadanos buscando ser reconocidos en otra nación como sujetos de derechos y deberes, para acceder a mejores condiciones de calidad de vida, las cuales no existen en nuestro país como resultado de la mediocridad, la corrupción, la violencia, la falta de solidaridad y la falta de visión de los diferentes líderes de los sectores públicos y privados que han hecho del mercado colombiano un espacio en el que sólo pocas personas pueden desarrollarse y prosperar.
Tal vez, esta situación, del cierre de USAID, nos ayude a tomar conciencia de que el desarrollo de nuestro país, es una tarea ineludible de la que todos somos responsables, cada persona, cada empresa, cada entidad pública, y jamás llegara como resultado de que un tercero, asuma la responsabilidad que nos corresponde.
